Marcela I. Basterra

Más de 120 muertos en cuatro meses de protestas, niveles de violencia nunca antes vivenciados y una crisis económica, política, social y humanitaria sin precedentes son la triste consecuencia de la vulneración constante del orden constitucional y los derechos humanos en Venezuela.

El pasado domingo 30 de julio tuvo lugar la votación, cuestionada por fraudulenta, para elegir la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente a fin de reformar la Constitución Chavista de 1999. El gobierno de Nicolás Maduro fundó su decisión en la necesidad de fomentar el diálogo, alcanzar un pacto social y estimular la recuperación de la economía. Por su parte, la oposición manifestó su rechazo a la convocatoria, considerando que fue diseñada para que Maduro se perpetúe en el gobierno, concentre poder y controle la Asamblea.

Más allá de la ilegitimidad de la convocatoria, la elección en sí misma estuvo plagada de irregularidades. Los partidos no pudieron presentar candidatos. Los padrones sectoriales fueron confeccionados arbitrariamente por el gobierno. La empresa que proveyó tecnología para la votación y que ha trabajado en Venezuela desde el 2004, SmartMatic, afirmó que las cifras fueron alteradas en al menos un millón de votos. El resultado de este proceso es una constituyente sin legitimidad.

El 16 de julio pasado la Mesa de la Unidad Democrática convocó a un referendo en el que más de 7 millones de venezolanos votaron para rechazar la reforma constitucional, el cual no fue tenido en cuenta por el Gobierno Central. La “Democracia Constitucional” hace referencia a la amalgama o la síntesis de dos elementos, una forma de Estado Constitucional, y una forma de gobierno democrática. En esta línea, la Constitución en su conjunción con la democracia, han dado lugar a un sistema jurídico político que equilibra la aspiración del autogobierno popular y el control del proceso estructural del poder. En definitiva, la democracia constitucional no sólo regula la forma de acceder al poder, sino también de ejercerlo.

Los derechos políticos y electorales constituyen una condición de salvaguardia del sistema constitucional, y en consecuencia, un límite infranqueable al poder de las mayorías.

En el Sistema de Protección Internacional de los Derechos Humanos, la participación política es el derecho por excelencia ya que reconoce y protege el derecho y el deber de los ciudadanos de participar libremente en la vida política de su país. Esto en Venezuela ya no existe.

En definitiva, los derechos políticos son derechos humanos, que en conjunto con otros como la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación y el acceso a la información pública, hacen posible el “juego democrático” o el “derecho humano a la democracia”.

No quedan dudas de las sistemáticas violaciones a estos derechos que se producen en Venezuela. Sumando a esto, la división de poderes es inexistente, ahora, con la instauración de una Asamblea totalmente funcional al ejecutivo y con el poder judicial establecido con criterios y lógica de amigo-enemigo, lamentablemente ya no hay república.

A la vista de los hechos, podemos concluir que Venezuela transita por un gobierno dictatorial con legitimidad de origen, pero con ilegitimidad sobreviniente durante el ejercicio del mismo. En consecuencia, el pueblo venezolano necesita urgente el apoyo de “todos” los países de la región y de los organismos internacionales para restaurar de manera pacífica la democracia constitucional y a través de ésta, la república.