Marcela I. Basterra

El sistema electoral argentino adoptado en 1912 no brinda soluciones adecuadas a los conflictos político-electorales de hoy. Hace tiempo que la Justicia, la sociedad civil, partidos políticos y ONG’s alertan sobre la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo electoral, que brinde seguridad, celeridad y transparencia a los procesos democráticos del siglo XXI. El engorroso sistema de boletas múltiples en papel, la dificultad a la hora de realizar el escrutinio, la falta y/o sustracción de boletas y las listas colectoras –entre otros vicios del sistema vigente– limitan el derecho fundamental al libre sufragio, fomentan prácticas clientelares, y aún el fraude.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de reforma electoral que está en pleno debate. Se trata de una modificación completa e integral que tiende a modernizar el sistema y pone énfasis en sus aspectos más cuestionables. Propone la boleta única electrónica, que permitirá solucionar el problema de la falta de boletas, transparentar los procesos y acelerar el escrutinio, asegurando al votante mayor confianza en el resultado electoral. Argentina es uno de los pocos del mundo que aún sufraga con boletas en papel. Aspira a la eliminación de las listas colectoras y de las candidaturas múltiples con el fin de evitar la confusión del votante, cooperar al fortalecimiento de los partidos políticos y garantizar la equidad en la competencia. Prevé modificaciones en las PASO, los votantes seleccionarán un candidato a presidente y no la fórmula completa. El vicepresidente será elegido por el candidato a presidente que resulte ganador dentro de cada agrupación política. Incorpora al Código Electoral Nacional un procedimiento sancionador y crea el cargo de Fiscal General ante la Cámara Nacional Electoral, con el objeto de hacer efectiva la persecución de las faltas y delitos electorales. Propone aumentar los miembros del cuerpo de Auditores Contadores, y prevé un Auditor Contador por cada distrito electoral para mejorar el control del financiamiento político. Por último, promueve un amplio Acuerdo Federal con las provincias para avanzar en dos objetivos: simplificar el cronograma electoral y acordar la incorporación de normas para garantizar una oferta electoral más clara y transparente en el plano provincial.

Es muy difícil alentar la participación y valoración del derecho-deber cívico cuando el ciudadano tiene que sufragar varias veces en un mismo año, con un procedimiento largo y agotador que genera desconfianza, además de gastos excesivos e innecesarios. El derecho al voto es una prerrogativa fundamental, que de ninguna manera puede ser vulnerada. Por esto, resulta imperioso conseguir los consensos parlamentarios para lograr tan postergada reforma, sumarnos a los países que apuestan por la transparencia y dar cumplimiento a los justos reclamos de la sociedad.