Marcela I. Basterra

—Cuéntenos qué hace el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

Es la autoridad que se encarga de seleccionar a los jueces y los elige la Legislatura. En la Ciudad los jueces los selecciona el Consejo de la Magistratura, pero no los elige el Jefe de Gobierno, sino la Legislatura. Nosotros tenemos la tarea de selección, la potestad disciplinaria y la potestad de la administración económica del poder judicial porteño, que tiene 5300 agentes, sin contar el traspaso de la Nación a Buenos Aires.

—¿Cuándo será ese traspaso?

El 19 de enero pasado, el entonces presidente del Consejo, (el fallecido) Enzo Pagani, junto a Horacio Rodríguez Larreta y el presidente Mauricio Macri firmaron cuatro convenios para el traspaso. No fue solo por la sintonía política entre ambos gobiernos, sino de acuerdo a la Constitución del 94, que dice la Ciudad es autónoma, tenemos autonomía política pero no en la justicia, así que tenía que suceder. Se hicieron los cuatro convenios, ad referéndum de la Legislatura que lo aprobó el 5 de abril pasado, y ahora lo tiene que aprobar el Congreso de la Nación. La gente tiene que estar tranquila, si no lo hace el Congreso, no habrá traspaso. Estimo que sí se hará, el próximo año tal vez, porque este es un año electoral, pero será de acuerdo a los tiempos que se vayan marcando.

—Tal vez mejor que se haga con más tiempo para que se apacigüen las aguas.

Si, el traspaso viene siendo progresivo, de hecho es la obligación constitucional desde hace 20 años. De todos modos, estos cuatro convenios que se firmaron pasan las competencias penales y las estructuras vacantes, o sea 49 estructuras (juzgados, defensorías, vocalías de cámara y fiscalías) con 361 personas en lo penal. La justicia del consumo está vacía, hay que crearla, así que hay que arrancar desde cero. Lo otro que se traspasará es la Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad del Inmueble. Lo primero que se va a pasar es eso. La oposición por cuestiones políticas, está referida a asuntos menores. Es importante tener en cuenta que no se está haciendo el traspaso entero, en las partes civiles y comerciales todavía no está en marcha. La resistencia que hay está más vinculada a la resistencia al cambio, pero creemos que se está haciendo muy paulatino, para tranquilidad de todos. Además, me gustaría aclarar que hay una diferencia salarial en Nación y Ciudad, los jueces de Ciudad ganan un poco menos que en Nación, pero está previsto que el principio de intangibilidad de los haberes, van a ganar lo mismo.

—No puedo evitar preguntarle acerca de episodios bastante desagradables en el Consejo de la Magistratura de la Nación, como es el caso del juez Eduardo Freiler, del que hay información fehaciente de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué cree que pasa eso?

Es un verdadero problema. No existe una República sin un poder judicial independiente. En el Consejo de la Magistratura se necesitan ocho votos, y el oficialismo solo cuenta con siete, y uno de los miembros que se había comprometido para actuar al respecto, que es del sector académico pero kirchnerista, a último momento dio vuelta su voto y no se pudo sancionar al juez Freiler por enriquecimiento ilícito de 17 millones de pesos probados. El problema de la Argentina son los jueces federales, no todos los jueces ni mucho menos los jueces de la Ciudad, donde no hay denuncias de corrupción, lo que demuestra que hay altos grados de transparencia. Los jueces federales siempre estuvieron al calor del poder y de los poderes políticos. En los últimos 14 años el kirchnerismo tuvo mayoría en la Magistratura. Durante la gestión anterior, jamás hubo ninguna causa en tiempo real que fuera investigada. Ahora, sin embargo, hay muchas causas que están en curso. Pero durante 14 años ni las movieron, recién ahora, y ni siquiera hay procesados. No es que uno pretenda que se procese a nadie si no hay pruebas, pero todo indica que hasta tanto no se hagan las elecciones y cambien los miembros de la política que integran el Consejo de la Magistratura, lo que pasó en los últimos 20 años, esto va a continuar. Esto debilita al sistema republicano, nosotros creemos en la división de poderes, pero un poder judicial que sabe que no hay mayoría para sancionarlo es como decir que hay carta blanca para hacer lo que se le ocurra.

—Es interesante lo que dice. Hay una crítica en el ambiente judicial a lo que hace la justicia federal.

Sí, incluso hay una encuesta que hicieron hace dos años Antonio María Hernández junto al sociólogo recientemente fallecido, Manuel Mora y Araujo, un estudio titulado “Un país al margen de la ley”, que a la pregunta de en quién no cree los argentinos, en primer lugar la mayoría contestó que en los políticos, pero el segundo lugar fue para los jueces. Es algo muy grave, es fundamental que la sociedad empiece a creer en los jueces, que tienen que llamarse a la reflexión. El descreimiento en la justicia es grave. En las causas de corrupción solo el 0.01 llegan a alguna conclusión y recién 15 o 20 años después. En Brasil hay altísimos niveles de corrupción, pero no hay impunidad. Corrupción con impunidad es una fórmula horrorosa, que se repite aquí como en Venezuela. Así no vamos a poder crecer, nunca vamos a ser libres. Necesitamos credibilidad y transparencia.

—Uno de los problemas que señalan los expertos para poder hacer justicia es la poca capacitación tecnológica de los miembros del poder judicial. ¿Cómo es en la justicia porteña?

En la justicia porteña ya no tenemos una justicia del siglo XX, ya no se cosen los expedientes. Falta mucho para llegar a una justicia del siglo XXI, pero vamos bien. Estamos haciendo una prueba piloto de expediente electrónico, y lo estamos implementando de un modo que se puedan presentar notificaciones por vía electrónica. Antes, los días de nota era martes y viernes a hacer colas, fijarse los expedientes, ahora será por vía electrónica. En eso estamos trabajando muchísimo. El doctor Pagani había trabajado mucho en esto y yo estoy siguiendo ese esfuerzo. De todos modos, las causas en Nación tardan 14 años, y en la Ciudad el promedio es de tres años. No es perfecto, pero tiene estándares muchos más altos en todos los aspectos que en Nación.

—¿Y cómo podemos hacer parar que en Nación se copie este ejemplo?

Bueno, hay un programa en la justicia nacional que se llama “Justicia 2020” que está enfocado en la despapelización y digitalización. Hay programas que permiten ver dónde están los expedientes, monitorear lo que está pasando. Hay provincias que esstánmuy desarrolladas en este tema como Entre Ríos, Chubut, Córdoba y CABA. El ministro Germán Garavano está con fuertes proyectos para iniciar este camino también.

—¿Le conviene a la justicia argentina desarrollar un paradigma más parecido a la justicia norteamericana, donde los fiscales tengan más poder y puedan desplegar más creatividad para las investigaciones?

Sí, sin duda, porque si no descansa todo en el juez. Así como hay jueces muy probos y preparados, hay otros que -sin ser corruptos o adictos al poder- manejan la cuestión de manera muy arbitraria. Es algo que se hizo con la reforma que impulsó el gobierno anterior, pero como iba a estar todo en manos de Alejandra Gils Carbó, que está muy ligada a un sector político, que no es independiente. El jefe de fiscales tiene que investigar a todos los funcionarios de turno, entonces tiene que tener además de idoneidad jurídica pero también independencia, no estar ligada a ningún sector político y, por supuesto, ningún tipo de fanatismo.