Marcela I. Basterra

El acceso a la información pública se vincula directamente con la publicidad de los actos de gobierno y el principio de transparencia de la administración. Es un instrumento indispensable del sistema republicano y democrático de gobierno. Se relaciona además, con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública por la que decididamente opta el Estado constitucional de derecho. Su reconocimiento y efectivo ejercicio, es un parámetro de suma importancia al momento de evaluar el grado de transparencia del que goza una sociedad. Es impensable hablar de control en la actividad administrativa y en los actos de los gobernantes, si como contrapartida no se garantiza el acceso al público para tomar conocimiento de los mismos. Ante la reiterada negativa a brindar información cuatro ONG´s presentaron acciones de amparo para que la Cámara de Diputados y el Senado difundan diversos datos relacionados con su funcionamiento interno. Más allá del caso puntual, cabe destacar que la situación de Argentina en materia de acceso a la información y transparencia es verdaderamente crítica, si tenemos en cuenta  que en América Latina solo unos pocos países aún no tienen una normativa que la regule (Argentina, Costa Rica, Cuba y Haití). Sin duda esto responde única y exclusivamente a la falta de decisión política.

Es importante recordar que la Asociación por los Derechos Civiles y CIPPEC en 2012 y 2014, lograron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidiera favorablemente al considerar que este derecho se ajusta razonablemente a lo previsto en los artículos 14, 16, 33, 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales. En este sentido, ha sostenido enfáticamente que el acceso a la información pública es un derecho fundamental, y por lo tanto el Estado tiene la obligación de promover una cultura de transparencia, tanto en la sociedad como en el sector público. De igual manera instó fuertemente  al  Congreso Nacional a sancionar una ley de Acceso a la Información Pública en ambos precedentes. Cabe destacar que desde el año 2001 a la fecha se presentaron más de veinticinco proyectos de ley, que lamentablemente no lograron ser aprobados. Se torna imprescindible comenzar cuanto antes la discusión, el dialogo y la búsqueda de consenso a fin de lograr una reglamentación en la materia, y con ello satisfacer las necesidades que se plantean desde todos los sectores de la sociedad civil, desde la ciudadanía y fundamentalmente para dar cumplimiento a las decisiones no sólo de nuestro Máximo Tribunal, sino también de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.

No es casual que Bobbio en su libro titulado justamente “El futuro de la democracia” señalara que no existe requisito más actual e importante para alcanzar la credibilidad democrática, que un poder estatal responsable y permeable al escrutinio de los ciudadanos. Cuanto mayor y más precisa sea la información pública disponible para la comunidad, menores serán la discrecionalidad de la burocracia y la probabilidad de que se extienda la corrupción en la administración estatal.