Marcela I. Basterra

Resultan innegables las numerosas transformaciones sociales y culturales de las últimas décadas, que han exigido una adaptación y modernización de los poderes del Estado, a fin de dar adecuada respuesta a las nuevas y cambiantes necesidades de los ciudadanos.

Las principales funciones del Poder Judicial, han sido y seguirán siendo garantizar el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva de los derechos. En este sentido, el acceso a la Justicia implica que todas las personas, con independencia de su sexo, origen nacional o étnico, condiciones económicas, sociales y culturales, tengan la posibilidad real de llevar cualquier conflicto, sea individual o grupal, ante el sistema de administración de Justicia y de obtener una justa como pronta resolución por parte de los tribunales autónomos e independientes.

En el discurso de apertura del año judicial, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dio un duro diagnóstico y realizó una fuerte autocrítica del situción actual de la justicia en nuestro páis. En esa oportunidad se refirió a la “tragedia del tiempo” por la extensión de los procesos judiciales, y a la “tragedia burocrática” por cuanto hay un desenvolvimiento de los tribunales completamente disociado del drama humano. Asimismo, manifestó que, no obstante, los nuevos desafíos y exigencias, los cambios realizados por la Justicia en las últimas décadas han sido mínimos e insuficientes.

Consciente de esta realidad y con el objeto buscar soluciones presentó los “Lineamientos de una Política de Estado para la transformación de los Poderes Judiciales”. Éstos constituyen la guía para una ambiciosa y completa transformación de la justicia. Sus principales objetivos se hacen eco de las crecientes y reiteradas demandas de la sociedad civil:

• fortalecer su independencia
• mejorar la gestión medida en función de parámetros cuantitativos y cualitativos
• actualizar las instituciones y los procesos para orientar valorativamente su funcionamiento
• lograr mayor acceso, igualdad e inclusión de los ciudadanos y
• el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Es interesante destacar que, tanto en el discurso pronunciado por el ministro de la Corte, como en el proyecto presentado, se hace un profundo análisis de las razones por las que numerosas iniciativas para implementar modificaciones en el ámbito de la justicia han fracasado.

El documento pone de manifiesto que esta situación se debe en gran medida a la falta de unidad decisoria, toda vez que parte de las decisiones que atañen a la Justicia dependen de la Corte, pero otras son competencias del Consejo de la Magistratura, del Congreso Nacional o del Poder Ejecutivo, situación que se replica en las Provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este sentido, destaca la falta de políticas integrales en la materia y la falta de acuerdos.

En consecuencia señala que el agente del cambio debe ser el propio Poder Judicial, liderado por la Corte Suprema, en base a consensos con todos los poderes del Estado, dando participación a la sociedad civil y sus organizaciones. Frente a esta realidad propone una gran innovación: la creación de organismos de ejecución como los que existen en la justicia de Chile, Brasil o Estados Unidos. Estos organismos permiten que haya una decisión centralizada que facilita la rapidez y efectividad en la implementación de la misma.

Debe ponderarse que la propuesta es verdaderamente federal, en tanto enfatiza que todos los ciudadanos del país tienen igual derecho a una tutela judicial efectiva. Es por esto que dispone que se dará participación en este proceso a todos los fueros y a todos los poderes judiciales del orden, federal, nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma. Además deberán incluirse tanto a los magistrados como a los funcionarios y empleados judiciales en las distintas etapas participativas.

Por otro lado, tiene en cuenta que el Poder Judicial está estrechamente vinculado con el contexto jurídico-social, por lo que se torna relevante incorporar en la discusión la educación legal que se imparte en las universidades, y el ejercicio y la regulación de la abogacía.

Con el objetivo de avanzar con la reforma se crearon comisiones por temas bien diferenciados, y se estableció un cronograma de trabajo para que se debatan propuestas y se elaboren conclusiones. Las comisiones son:

1. Celeridad de los juicios penales
2. Fuero civil y comercial
3. Fuero laboral y previsional
4. Fuero electoral
5. Acceso a Justicia
6. Organización institucional del Poder Judicial
7. Organización del trabajo de magistrados, funcionarios y empleados judiciales
8. Nuevas tecnologías
9. Educación legal

Finalmente, es necesario tener presente una de las principales demandas de la sociedad: la necesidad de dar celeridad a los procesos y transparencia del accionar judicial. En este punto, coincidimos plenamente con el Presidente de la Corte quien señala que el expediente digital es una urgencia que se debe lograr en todas las jurisdicciones. En definitiva, acceso a la información y nuevas tecnologías, son conceptos claves que se profundizan bajo el objetivo de lograr una gestión más transparente.

En tanto, no puedo dejar de mencionar que la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ha sido pionera en la aplicación de nuevas tecnologías al proceso judicial, incorporando el Expediente Judicial Electrónico (sistema EJE). Se trata de una solución integradora multi-fuero, multi-instancia y multi- organismo, para facilitar el acceso a la justicia del ciudadano. En el último año hemos implementado este sistema en todo el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, y estamos finalizando la etapa de instalación en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas.

Valoro muy positiva esta iniciativa al igual que otras como Justicia 2020, y los estudios, así como la temática abordada con miras a la sanción de un nuevo Código Penal.

Quisiera cerrar esta breve reflexión destacando que la reforma judicial no implica únicamente realizar ciertos cambios con el fin de mejorar los servicios que ésta presta a la ciudadanía. Se trata de una cuestión mucho más compleja que concierne a la integración del Poder Judicial en el cambio cultural que vivenciamos a nivel mundial, y que precisamente impacta en los procesos, los procedimientos, los hábitos y los comportamientos de organizaciones y personas.