En 20 años, la Ciudad no tuvo una denuncia de corrupción contra un juez

Columna de opinión originalmente publicada en LaPolíticaOnline.

Entrevista a la Dra Marcela I. Basterra en La Política Online sobre la autonomía de la Justicia en la CABA y temas centrales del Poder Judicial de la Ciudad.

24.06.2018
Medio:
La Política Online

“Llega un momento que el traspaso se va a dar”, asegura Marcela Basterra, titular del Consejo de la Magistratura porteño. La referencia es a la transferencia de competencias desde la Nación hacia la Ciudad, pero también hacia los jueces que rechazan pasar a la órbita capitalina. “Muchos jueces nacionales por su propia historia se quieren jubilar en el mismo lugar. Hay resistencia a los cambios, pero en algún momento no va haber muchas opciones”, asegura la constitucionalista que asumió su cargo hace poco más de un año atrás en reemplazo del fallecido Enzo Pagani.

– Por lo general se habla más del Consejo de la Magistratura nacional que del Consejo porteño, ¿por qué?

El Consejo de la Magistratura de Nación tiene causas mucho más resonantes de mayor volumen político, como la remoción de jueces federales. No es por defender a los jueces de la Ciudad pero no tuvimos en 20 años una denuncia de corrupción. Yo no sé si no hay un juez corrupto, pero en general hay muy buenos estándares de transparencia y jueces honestos en la Ciudad. Tuvimos casos de sanciones disciplinarias por otros motivos, que no son poca cosa, como maltrato laboral. En Nación tienen muchos más fueros, mientras que en la Ciudad tenemos el Contencioso Administrativo y Tributario y el Penal, Contravencional y de faltas. La diferencia con Nación es que el tema de administración y sueldos de todos los fueros lo lleva la Corte Suprema, acá lo llevamos nosotros.

– ¿Cómo es la preparación de los jueces porteños frente a otros magistrados?

Hacer un comparativo tan taxativo no corresponde. La Ciudad de Buenos Aires tiene muy buenos estándares en general: meses atrás implementamos el expediente electrónico en todos los fueros en todas las instancias. Esto implica despapelización, mayores niveles de celeridad, transparencia. Se puede hacer un control de gestión de los jueces y de la gente que trabaja en los juzgados. Algo que se criticó mucho en Nación es tener en el siglo XXI una Justicia del siglo XIX, expedientes cosidos… en eso la Ciudad está más avanzada. También invertimos mucho en capacitación, los jueces están muy capacitados en lo suyo. Esto no es ni más ni menos, también es más chico el poder judicial de la Ciudad, hay que ver qué pasa cuando se transfieran todos los fueros.

– En diciembre termina su mandato al frente del Consejo. ¿Qué balance hace?

Avanzamos en cuestiones de transparencia y de acceso a la información pública, gobierno digital. Estamos trabajando con mucha fuerza en el traspaso, el tema es que no depende tanto de nosotros sino casi exclusivamente del Congreso Nacional. Hay cuatro convenios para el traspaso de la Justicia Ordinaria Penal, el fuero sobre relaciones del consumo, la Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble. Sí avanzamos con el traspaso de los delitos, salvo narcomenudeo y lesiones se traspasaron más de 35 delitos a la Ciudad. El fuero penal tiene una competencia más grande que a principios de año. Los fiscales tienen mucho más trabajo que a principios de año porque en la Ciudad tenemos un sistema acusatorio.

– Los jueces nacionales no parecieran estar muy convencidos del traspaso

La explicación creo que es jurídica, sociológica, psicológica…

– ¿Y económica?

Económica también, pero cuando se haga el traspaso va a haber una equiparación económica porque si no se estaría lesionando una garantía constitucional. Las resistencias a los cambios son bastante comunes pero cada vez menos. Cuando la Constitución se refiere a los jueces habla de jueces locales o provinciales o jueces federales, no de jueces nacionales. Los jueces nacionales fue un invento del siglo XIX cuando Buenos Aires era capital de la República y no tenía Justicia. Tenía sentido cuando éramos Municipalidad, pero no ahora que somos una Ciudad Autónoma. La Corte en sus cuatro últimos fallos expresó que la justicia ordinaria es meramente transitoria, con lo cual ya no resiste el menor análisis. No puede haber más resistencia.

– ¿Qué sucederá con los jueces que no quieren ser traspasados?

Llega un momento que el traspaso se va a dar. Por el momento está planeado progresivamente: en el fuero penal hay 49 unidades pendientes, entre fiscalías, defensorías, juzgados o vocalías de cámara. Lo primero va a ser el traspaso de los vacantes que serán cubiertas por concursos y las 360 personas que pertenecen a esas estructuras. No es que todos van a ser traspasados inmediatamente. Muchos jueces nacionales por su propia historia se quieren jubilar en el mismo lugar. La resistencia a los cambios es algo normal, aunque algunos dicen “yo no quiero ser un juez municipal”. Hablar de un juez municipal es anacrónico. Hay resistencia a los cambios, pero en algún momento no va haber muchas opciones.

– ¿Existe una corporación judicial o una familia judicial?

Hablar de familia judicial es una exageración, pero sí hay una suerte de corporación como ocurre en otros ámbitos. Es natural que personas que pertenecen a distintos grupos tiendan a defenderse o a luchar por objetivos comunes, eso sí hay. Pero no se puede hablar de una corporación judicial que presione todo el tiempo. La autoprotección entre los miembros de un determinado grupo social es algo natural pero cuando eso es exagerado pienso que está mal. No veo en el Poder Judicial más corporativismo que en otras profesiones.

– En noviembre del año pasado el Consejo de la Magistratura porteño fue noticia por una serie de nombramientos y creación de cargos, justo en el momento en que Larreta pedía ajustar el gasto político. ¿Comparte las críticas?

No coincido con las críticas, lo que hicimos fue sancionar una resolución para rearmar una estructura, pero de ningún modo era lo que dijeron. De cualquier manera, quisimos hacernos eco de la demanda de mayor austeridad de la sociedad y dejamos sin efecto la resolución. Lo frenamos porque creemos que cuando la sociedad hace distintos requerimientos está bien oír a la sociedad. En ese sentido buscamos disminuir la planta permanente en un 20% sin despedir a nadie y nadie viajó con dinero del Consejo. Estamos en un plan de mucho ahorro para dar la señal que con justicia la sociedad está pidiendo.

– Funcionarios porteños habían considerado la posibilidad de iniciar un jury contra la jueza Patricia López Vergara por haber “limitado la capacidad de acción” de la Policía Porteña durante las protestas contra la reforma previsional, ¿hubo una presentación formal?

Hay un pedido de juicio político pero no se ha sumariado a la jueza ni mucho menos. No tuvo ningún tipo de avance porque no se puede juzgar a los jueces por el contenido de sus sentencias.

– ¿Cuál es su posición respecto al aborto?

No quiero tomar una postura porque como Presidenta del Consejo de la Magistratura entiendo que puede haber jueces que estén a favor y otros en contra. Pero me parece sumamente enriquecedor que se haya dado el debate. Cualquier sociedad moderna por lo menos merece darse este tipo de debate con toda seriedad al margen de los resultados. En el siglo XXI se espera de mínima que no haya temas tabú y que la sociedad entera pueda discutir cuestiones tan importantes.

Día del Orgullo Gay: por qué la igualdad formal es insuficiente

Columna de opinión originalmente publicada en infobae.com.

La autora es doctora en Derecho (UBA). Presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

28.06.2018
Medio:
Infobae

El 28 de junio se cumplen 48 años (casi medio siglo) de los disturbios producidos en 1969 en Stonewall, Estados Unidos, que marcaron el inicio del denominado movimiento de liberación homosexual. Resulta oportuno reflexionar sobre el camino que se ha recorrido en pos del respeto a la identidad y la diversidad de género y analizar cuáles son las realidades que actualmente impactan al colectivo LGBT.

Este pone en crisis el sistema binario de sexo que divide a la mayor parte de las sociedades actuales en hombres y mujeres. Cuestiona así instituciones clásicas, todavía fuertemente arraigadas en la sociedad. Con el correr de los años y los múltiples reclamos provenientes de organizaciones civiles y movimientos de derechos humanos, se ha logrado el reconocimiento de múltiples derechos de nuestro ordenamiento jurídico.

El respeto a la vida de las personas supone diversos abordajes, entre ellos, poder desarrollar un plan de vida conforme creencias, ideales y objetivos personales. Tanto nuestro derecho interno como el sistema interamericano de derechos humanos reconocen “el derecho de toda persona a no ser discriminado por razones de sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Esta garantía resguarda a todas las personas, independientemente de su orientación sexual y su identidad de género.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el año pasado la opinión consultiva nº 24/17, titulada “Identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo”. Allí determinó que, de conformidad con el principio del libre desarrollo de la personalidad y de la autonomía personal, cada persona es libre y autónoma de seguir un modelo de vida, de acuerdo con sus valores, sus creencias, sus convicciones y sus intereses. La orientación sexual de cada individuo no puede significar nunca un obstáculo o una marginación para el acceso laboral, a la educación, la salud y el trato digno. La imposibilidad de acceder a cualquiera de ellos implica una violación al derecho a la vida en términos de dignidad de la persona. Asimismo, el respeto a la vida supone no infligir daños físicos, violencia o cualquier violación de derechos que vulnere la vida y la integridad física de las personas.

“Frente a la realidad que atraviesa esta comunidad, el modelo de la igualdad formal se muestra insuficiente. Ante esta situación, cae en el Estado la obligación de implementar mecanismos de tutela particulares que logren alcanzar el equilibrio social.”

La comunidad LGBT ha sido uno de los grupos históricamente más postergados. Las prácticas violentas que continúan vigentes en la sociedad actual deben ser castigadas por el Estado. Por esto, debe ser muy valorado el fallo emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, que condenó al imputado en el caso de Diana Sacayán a cadena perpetua por homicidio “calificado por odio a la identidad de género”. De este modo, la Justicia argentina reconoció que este tipo de asesinatos constituye “un crimen de odio a la identidad travesti”.

Frente a la realidad que atraviesa esta comunidad, el modelo de la igualdad formal se muestra insuficiente. Ante esta situación, cae en el Estado la obligación de implementar mecanismos de tutela particulares que logren alcanzar el equilibrio social. En este sentido, son los poderes públicos los encargados de materializar los derechos y remover los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud.

El régimen normativo de nuestro país ha tenido avances significativos en la materia; se ubica a Argentina como el primero de Latinoamérica y el décimo a nivel mundial en reconocer en todo su territorio el derecho de todas las personas a desarrollar su personalidad conforme su propia identidad de género.

En este sentido, la reforma de la Constitución en 1994 y la incorporación de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional han tenido un rol inigualable. En 2005, la sanción de la ley 26743 consagró a Argentina como uno de los países con mejores estándares de protección de esta minoría. La ley adopta la definición de identidad de género en consonancia con los principios de Yogyakarta, herramienta legislativa que aplica el marco jurídico internacional de derechos humanos en relación con cuestiones de orientación sexual e identidad de género.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha acompañado este avance legislativo desde el inicio, basta como ejemplo que en 1996, al sancionar su Constitución, consagró en el artículo 11 el “derecho a ser diferente”, retomando esta idea de la promoción y la protección de la diversidad existente entre los componentes de la sociedad.

Sin duda alguna, en materia de derechos de género nuestra comunidad ha avanzado. Resignando la búsqueda de homogeneidad, comprendimos que es imprescindible el respeto de las personas sin importar las elecciones de vida que cada uno realice. La modificación de patrones socioculturales instaurados históricamente en nuestro país es una tarea larga y difícil, en la que se torna indispensable un abordaje integral que obliga a la sociedad a trabajar en conjunto.

Marcela I. Basterra en Conversaciones desde la Cátedra

Columna de opinión originalmente publicada en Radio UBA.

La Dra. Marcela I. Basterra fue invitada al programa “Conversaciones desde la Cátedra” que conduce el Dr. Alberto Dalla Vía por Radio UBA 87.9 FM.

23.05.2018
Audio:
Entrevista completa

La mujer y el servicio de Justicia

Columna de opinión originalmente publicada en Gobierno & Intendencias (El Cronista).

Entrevista a la Dra. Basterra sobre la participación de las mujeres en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

06.11.2017
Revista: Gobiernos & Intendencias

http://marcelabasterra.com.ar/wp-content/uploads/2018/05/Gob-09032018.pdf

Una necesaria y ambiciosa reforma judicial

Columna de opinión originalmente publicada en Urgente 24.

Entrevista a la Dra. Basterra sobre como modernizar los poderes del estado a fin de dar adecuada respuesta a las nuevas y cambiantes necesidades de los ciudadanos.

06.11.2017
Medio:
Urgente 24

Resultan innegables las numerosas transformaciones sociales y culturales de las últimas décadas, que han exigido una adaptación y modernización de los poderes del Estado, a fin de dar adecuada respuesta a las nuevas y cambiantes necesidades de los ciudadanos.

Las principales funciones del Poder Judicial, han sido y seguirán siendo garantizar el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva de los derechos. En este sentido, el acceso a la Justicia implica que todas las personas, con independencia de su sexo, origen nacional o étnico, condiciones económicas, sociales y culturales, tengan la posibilidad real de llevar cualquier conflicto, sea individual o grupal, ante el sistema de administración de Justicia y de obtener una justa como pronta resolución por parte de los tribunales autónomos e independientes.

En el discurso de apertura del año judicial, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dio un duro diagnóstico y realizó una fuerte autocrítica del situción actual de la justicia en nuestro páis. En esa oportunidad se refirió a la “tragedia del tiempo” por la extensión de los procesos judiciales, y a la “tragedia burocrática” por cuanto hay un desenvolvimiento de los tribunales completamente disociado del drama humano. Asimismo, manifestó que, no obstante, los nuevos desafíos y exigencias, los cambios realizados por la Justicia en las últimas décadas han sido mínimos e insuficientes.

Consciente de esta realidad y con el objeto buscar soluciones presentó los “Lineamientos de una Política de Estado para la transformación de los Poderes Judiciales”. Éstos constituyen la guía para una ambiciosa y completa transformación de la justicia. Sus principales objetivos se hacen eco de las crecientes y reiteradas demandas de la sociedad civil:

• fortalecer su independencia
• mejorar la gestión medida en función de parámetros cuantitativos y cualitativos
• actualizar las instituciones y los procesos para orientar valorativamente su funcionamiento
• lograr mayor acceso, igualdad e inclusión de los ciudadanos y
• el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Es interesante destacar que, tanto en el discurso pronunciado por el ministro de la Corte, como en el proyecto presentado, se hace un profundo análisis de las razones por las que numerosas iniciativas para implementar modificaciones en el ámbito de la justicia han fracasado.

El documento pone de manifiesto que esta situación se debe en gran medida a la falta de unidad decisoria, toda vez que parte de las decisiones que atañen a la Justicia dependen de la Corte, pero otras son competencias del Consejo de la Magistratura, del Congreso Nacional o del Poder Ejecutivo, situación que se replica en las Provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este sentido, destaca la falta de políticas integrales en la materia y la falta de acuerdos.

En consecuencia señala que el agente del cambio debe ser el propio Poder Judicial, liderado por la Corte Suprema, en base a consensos con todos los poderes del Estado, dando participación a la sociedad civil y sus organizaciones. Frente a esta realidad propone una gran innovación: la creación de organismos de ejecución como los que existen en la justicia de Chile, Brasil o Estados Unidos. Estos organismos permiten que haya una decisión centralizada que facilita la rapidez y efectividad en la implementación de la misma.

Debe ponderarse que la propuesta es verdaderamente federal, en tanto enfatiza que todos los ciudadanos del país tienen igual derecho a una tutela judicial efectiva. Es por esto que dispone que se dará participación en este proceso a todos los fueros y a todos los poderes judiciales del orden, federal, nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma. Además deberán incluirse tanto a los magistrados como a los funcionarios y empleados judiciales en las distintas etapas participativas.

Por otro lado, tiene en cuenta que el Poder Judicial está estrechamente vinculado con el contexto jurídico-social, por lo que se torna relevante incorporar en la discusión la educación legal que se imparte en las universidades, y el ejercicio y la regulación de la abogacía.

Con el objetivo de avanzar con la reforma se crearon comisiones por temas bien diferenciados, y se estableció un cronograma de trabajo para que se debatan propuestas y se elaboren conclusiones. Las comisiones son:

1. Celeridad de los juicios penales
2. Fuero civil y comercial
3. Fuero laboral y previsional
4. Fuero electoral
5. Acceso a Justicia
6. Organización institucional del Poder Judicial
7. Organización del trabajo de magistrados, funcionarios y empleados judiciales
8. Nuevas tecnologías
9. Educación legal

Finalmente, es necesario tener presente una de las principales demandas de la sociedad: la necesidad de dar celeridad a los procesos y transparencia del accionar judicial. En este punto, coincidimos plenamente con el Presidente de la Corte quien señala que el expediente digital es una urgencia que se debe lograr en todas las jurisdicciones. En definitiva, acceso a la información y nuevas tecnologías, son conceptos claves que se profundizan bajo el objetivo de lograr una gestión más transparente.

En tanto, no puedo dejar de mencionar que la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ha sido pionera en la aplicación de nuevas tecnologías al proceso judicial, incorporando el Expediente Judicial Electrónico (sistema EJE). Se trata de una solución integradora multi-fuero, multi-instancia y multi- organismo, para facilitar el acceso a la justicia del ciudadano. En el último año hemos implementado este sistema en todo el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, y estamos finalizando la etapa de instalación en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas.

Valoro muy positiva esta iniciativa al igual que otras como Justicia 2020, y los estudios, así como la temática abordada con miras a la sanción de un nuevo Código Penal.

Quisiera cerrar esta breve reflexión destacando que la reforma judicial no implica únicamente realizar ciertos cambios con el fin de mejorar los servicios que ésta presta a la ciudadanía. Se trata de una cuestión mucho más compleja que concierne a la integración del Poder Judicial en el cambio cultural que vivenciamos a nivel mundial, y que precisamente impacta en los procesos, los procedimientos, los hábitos y los comportamientos de organizaciones y personas.

Reflexiones breves sobre los veinte años de la Justicia porteña

Columna de opinión originalmente publicada en Revista Pensar Jusbaires.

Entrevista a la Dra. Basterra sobre concretar el “traspaso” defnitivo de la Justicia Nacional Ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires

06.11.2017
Revista: Pensar Jusbaires

http://marcelabasterra.com.ar/wp-content/uploads/2018/02/014_pensar_06-nov-2017_.pdf

Avances y Desafíos

Columna de opinión originalmente publicada en Revista Entre Todos Ciudad.

Entrevista a la Dra. Basterra sobre las principales líneas de trabajo que se están desarrollando en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

06.11.2017
Revista: Entre Todos Ciudad

http://marcelabasterra.com.ar/wp-content/uploads/2018/02/Entre-todos-Ciudad.pdf

Marcela Basterra: “Estamos preparados para el traspaso”

Columna de opinión originalmente publicada en Revista Comunas

La titular del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Dra. Marcela I. Basterra, mostró su satisfacción con el proceso de traspaso judicial al ámbito porteño que se lleva a cabo. Además de hablar sobre su voluntad para lograr una autonomía total, se definió en esta nota como una académica que basa su gestión en la transparencia y el diálogo.

10.06.2017
Entrevista:
Rodrigo Marcogliese

—No recuerdo un Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad que no haya ingresado desde la Legislatura…

Yo accedo al Consejo en representación de los abogados. Integré la fórmula en la que ingresamos dos abogados por la mayoría, y además, uno entró por la minoría. Es verdad que para llegar a estos lugares normalmente se necesita de un empuje político, pero es tan cierto como que ganamos esas elecciones sin problemas y que me considero más bien una académica. Me referencio en que soy constitucionalista desde que era estudiante ayudante a los 21 años, soy profesora en muchas universidades y tengo varias obras escritas, no soy la política clásica y entiendo que el Consejo nunca tuvo una persona con estas características en la presidencia.

—¿Cómo se logra el consenso entre miembros que llegan desde distintos espacios políticos?

Las distinciones podrían ser por las distintas personalidades que tienen nueve individuos, y eso siempre implica diferencias. Pero esas distinciones no son cortadas por el partidismo político, al contrario, tenemos una excelente relación porque se trata de gente madura y super trabajadora. A mi entender, el sistema en la Ciudad es muy bueno teniendo en cuenta que es un poder que tiene apenas 20 años.

—¿Cuáles son los ejes que se propone en su gestión?

Uno no puede dejar de ser quien es, y yo te decía que vengo de un extracto académico que me hace imposible no querer lograr acuerdos con Universidades, por ejemplo, en cuanto a intercambios o formación de experiencias, y perfeccionamiento. En cuanto al tema de la transparencia y acceso a la información pública, vamos camino a ello, fíjate que se sancionó el año pasado la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública (N° 27275), y además se reformó la Ley N° 104 de la Ciudad. No solamente se refieren a la transparencia en materia de brindar información a alguien que lo requiera, sino una transparencia activa y con datos abiertos, es decir, subir a un portal de alcance público todo nuestro trabajo.

—Me llamó la atención una columna que escribió en un diario acerca del sistema electoral…

Pienso que nos debemos una reforma política porque los países modernos tienen voto electrónico o boleta única. En su momento la gran estrella fue el voto electrónico que en la Ciudad y en Salta se trabajó e implementó muy bien. Algunos lo cuestionaron y propusieron la boleta única, que también dio buenos resultados en Santa Fe. De manera que sea una u otra, lo cierto es que no podemos seguir teniendo el sistema de boletas separadas, o tener a los fiscales pendientes todo el tiempo del robo de boletas, o demás cuestiones que dificultan el ejercicio pleno de la democracia, ni tampoco en la demora de los resultados. Nos debemos como argentinos cambiar el sistema electoral que es un sistema de 1912, cuando se sancionó la Ley Sáenz Peña.

—¿Qué importancia tiene en traspaso judicial a la Ciudad?

Es un punto neurálgico porque el traspaso implica que se cumpla lo que indica la Constitución, la plena autonomía del Ejecutivo, Legislativo y órgano judicial porteño. Las dos primeras se dieron dos años después de su sanción, en 1996. Pero pasaron 20 años y nunca se pudo concretar el traspaso de la justicia nacional en la Ciudad. La Constitución Nacional habla de jueces federales y locales, y no de nacionales. La justicia nacional sirvió bien a principio de siglo pasado, pero ahora no tiene ningún sentido mantenerla.

—¿Qué resta para terminar de llevarla a cabo?

Comenzamos el traspaso con el acuerdo firmado el 19 de enero de este año entre el Presidente de la nación, Mauricio Macri, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y luego se aprobó en la Legislatura el traspaso progresivo y muy preparado. El convenio indica que se transfieren 49 estructuras vacantes con su personal, hablamos de no más de 360 personas. Otro convenio es de Relaciones del Consumo que sólo estaba creada la Ley con la competencia, pero hay que reglamentarla de foja cero porque no hay ningún tribunal nacional de ello. También se transfiere la Inspección General de Justicia, y del Registro de Propiedad del Inmueble. Sólo resta la aprobación del Congreso Nacional que esperamos tener novedades no bien comience el ciclo de sesiones ordinarias el año que viene en el parlamento.

—¿En qué se basa la reticencia que les plantean?

Creo que el estar en contra del traspaso no tiene que ver con una cuestión política, sino que las asociaciones nacionales no quieren el cambio y se resisten a ello. Es natural. Lo que se objeta no lo comparto, sostienen que los jueces nacionales tienen un sueldo mayor que los de la Ciudad, pero se va a nivelar para arriba cuando se realice el traspaso tal cual lo indica la Ley. En algunos puntos hay desconocimiento, por ejemplo nos preguntan qué va a pasar con la obra social, y en verdad, nosotros desde siempre tenemos la misma que usan en la nación. Además, nosotros tenemos un convenio colectivo con más beneficios que los que tiene la justicia nacional.

—Ya que hace mención del Convenio Colectivo, ¿Cuál es su relación con las organizaciones gremiales judiciales?

Con los sindicatos tenemos una muy buena relación y nos reunimos todos los meses por la Comisión Interpretadora del Convenio Colectivo, hay demandas que no se pueden satisfacer como otras que sí. Son personas muy respetuosas siempre abiertas al diálogo.

—Si esta nota la hiciéramos dentro de un año, ¿Cómo espera finalizar su mandato?

De darse la completa autonomía va a ser algo histórico. Traerá mayor trabajo y dificultades pero estamos preparados para que suceda. Sería el tema más importante, y si pudiera irme a fines del 2018 con el traspaso realizado y encaminado me iría plena y feliz.

El “derecho a saber” fortalece la democracia

Columna de opinión originalmente publicada en clarin.com

Foto: telam.com

09.10.2017
Por: Marcela I. Basterra

El 28 de septiembre pasado se celebró el Día Mundial del Acceso a la Información Pública, fecha que también es conocida como el Día Internacional del derecho a saber, y que fue establecida en la Ciudad de Sofía, Bulgaria, en el año 2002. En tal oportunidad, se reunieron distintas organizaciones con el fin de crear una red de promotores en pos de la generación de gobiernos más transparentes. Al día siguiente, entró en vigencia la ley nacional de acceso a la información pública (27.275) de 2016, cumpliendo con una deuda de larga data, dado que al momento de su sanción, Argentina era uno de los cuatro países de América Latina que aún no tenían una norma que reglamentara este derecho fundamental.

La corrupción y la falta de transparencia aparecen como algunas de las mayores dificultades para el desarrollo de una nación. La sanción de una ley que garantice el acceso a la información pública, se vincula directamente con la publicidad de los actos de gobierno y el principio de transparencia de la administración. Es un instrumento indispensable del sistema republicano y democrático de gobierno. El libre acceso a la información estatal es un derecho condicionante para el ejercicio de otros derechos; tales como el control de los actos de gobierno, los mecanismos de democracia participativa y la libertad de expresión.

La corrupción y la falta de transparencia aparecen como algunas de las mayores dificultades para el desarrollo de una nación.

La libertad de información ha sido consagrada como complemento de la libertad de expresión, no sólo en los artículos 38, 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional, sino también en valiosos instrumentos internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados que en nuestro país tienen jerarquía constitucional. En concreto, el fundamento central de este derecho consiste en la posibilidad que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios se desempeñan, así como el destino que le dan al dinero público.

En este sentido, las fechas mencionadas no deben ser únicamente simbólicas. Ahora finalmente tenemos una ley que garantiza el efectivo cumplimiento de este derecho al establecer parámetros básicos, como; un objeto amplio, considerando “información pública” a toda aquella que se encuentre en poder del Estado, no solamente del poder ejecutivo sino también del legislativo y el judicial, así como de los entes que brindan servicios públicos y/o cualquier otro organismo que reciba fondos, concesiones o subsidios estatales. Por otro lado, a fin de reducir la discrecionalidad en el manejo de la información, las únicas excepciones justificadas al momento de denegar el acceso son las establecidas específicamente en la ley (art.8).

También prevé que cualquier ciudadano, las ONGs y demás organizaciones civiles pueden solicitar información, sin expresar los motivos de la petición. El procedimiento previsto es coherente con principios básicos en la materia; gratuidad, sencillez, informalidad y plazos acotados. Crea una Agencia de Control que será la encargada de dotar de eficacia y eficiencia a la ley. Por último, con excelente criterio establece la obligación de Transparencia Activa para todos los órganos estatales, que implica el deber para la administración pública de poner en sus páginas web, toda información de gestión, salvo la que esté reservada por ley.

Debe recordarse que en los precedentes ADC c/ PAMI (2012) y CIPPEC c/ Estado Nacional (2014), la Corte Suprema ha sostenido enfáticamente que el Estado tiene la obligación de promover una cultura de transparencia, tanto en la sociedad como en el sector público.

En sintonía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en los casos Claude Reyes vs. Chile (2006) y Gomes Lund vs. Brasil (2010) que la divulgación de la información en poder del Estado juega un rol esencial en las sociedades democráticas, porque habilita a la sociedad civil para controlar las acciones del gobierno a quien ha confiado la protección de sus intereses. La entrada en vigencia de esta ley permite que Argentina se sume a los países que apuestan a los principios de máxima divulgación y transparencia, adscribiendo a una regla de oro del Estado de derecho que establece: “a mayores niveles de transparencia, menores niveles de corrupción”.

Venezuela: un llamado urgente a restituir la democracia

Entrevista originalmente publicada en clarin.com

Foto: lanacion.com

17.08.2017
Por: Marcela I. Basterra

Más de 120 muertos en cuatro meses de protestas, niveles de violencia nunca antes vivenciados y una crisis económica, política, social y humanitaria sin precedentes son la triste consecuencia de la vulneración constante del orden constitucional y los derechos humanos en Venezuela.

El pasado domingo 30 de julio tuvo lugar la votación, cuestionada por fraudulenta, para elegir la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente a fin de reformar la Constitución Chavista de 1999. El gobierno de Nicolás Maduro fundó su decisión en la necesidad de fomentar el diálogo, alcanzar un pacto social y estimular la recuperación de la economía. Por su parte, la oposición manifestó su rechazo a la convocatoria, considerando que fue diseñada para que Maduro se perpetúe en el gobierno, concentre poder y controle la Asamblea.

Más allá de la ilegitimidad de la convocatoria, la elección en sí misma estuvo plagada de irregularidades. Los partidos no pudieron presentar candidatos. Los padrones sectoriales fueron confeccionados arbitrariamente por el gobierno. La empresa que proveyó tecnología para la votación y que ha trabajado en Venezuela desde el 2004, SmartMatic, afirmó que las cifras fueron alteradas en al menos un millón de votos. El resultado de este proceso es una constituyente sin legitimidad.

El 16 de julio pasado la Mesa de la Unidad Democrática convocó a un referendo en el que más de 7 millones de venezolanos votaron para rechazar la reforma constitucional, el cual no fue tenido en cuenta por el Gobierno Central. La “Democracia Constitucional” hace referencia a la amalgama o la síntesis de dos elementos, una forma de Estado Constitucional, y una forma de gobierno democrática. En esta línea, la Constitución en su conjunción con la democracia, han dado lugar a un sistema jurídico político que equilibra la aspiración del autogobierno popular y el control del proceso estructural del poder. En definitiva, la democracia constitucional no sólo regula la forma de acceder al poder, sino también de ejercerlo.

Los derechos políticos y electorales constituyen una condición de salvaguardia del sistema constitucional, y en consecuencia, un límite infranqueable al poder de las mayorías.

En el Sistema de Protección Internacional de los Derechos Humanos, la participación política es el derecho por excelencia ya que reconoce y protege el derecho y el deber de los ciudadanos de participar libremente en la vida política de su país. Esto en Venezuela ya no existe.

En definitiva, los derechos políticos son derechos humanos, que en conjunto con otros como la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación y el acceso a la información pública, hacen posible el “juego democrático” o el “derecho humano a la democracia”.

No quedan dudas de las sistemáticas violaciones a estos derechos que se producen en Venezuela. Sumando a esto, la división de poderes es inexistente, ahora, con la instauración de una Asamblea totalmente funcional al ejecutivo y con el poder judicial establecido con criterios y lógica de amigo-enemigo, lamentablemente ya no hay república.

A la vista de los hechos, podemos concluir que Venezuela transita por un gobierno dictatorial con legitimidad de origen, pero con ilegitimidad sobreviniente durante el ejercicio del mismo. En consecuencia, el pueblo venezolano necesita urgente el apoyo de “todos” los países de la región y de los organismos internacionales para restaurar de manera pacífica la democracia constitucional y a través de ésta, la república.